Tui salda 100.000 euros de multa por autorizar un edificio que el juzgado ordena derribar

El alcalde advierte de «consecuencias dramáticas si alguien pide la ejecución de la sentencia»

El urbanismo y los procesos judiciales abiertos por irregularidades en la concesión de licencias continúan protagonizando la actividad municipal en Tui. «Recemos para que nadie pide la incoación del expediente de reposición de la legalidad del edificio Beira do Miño porque tendría consecuencias dramáticas para el Concello», advirtió ayer el alcalde, Enrique Cabaleiro durante el debate de los presupuestos que, el gobierno local, en minoría, ha sacado adelante con el apoyo del concejal de Alternativa Popular, José Manuel Sousa

Hoy está previsto que el Concello abone los 63.000 euros pendientes del total de 105.000 de multa que le impuso hace una década la Consellería de Cultura como responsable de una infracción grave por conceder licencia en el año 2000 para un edificio en el conjunto histórico sin informes favorables de Patrimonio, avanzó la concejala de Urbanismo y Facenda, Yolanda Rodríguez. El asunto sigue vivo quince años después y la factura podría ser aún mayor ya que una sentencia del 2006 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoge también «la obligación de reparar y restituir las cosas a su estado anterior», esto es, la demolición del edificio ubicado en la calle Martínez Padín. «No hay prescripción porque la sentencia del TSXG declaró la licencia nula de pleno derecho», confirmó el regidor local. Enrique Cabaleiro resaltó que «el nivel de judicialización de Tui es de los más altos de Galicia, con más de 40 casos abiertos y los que vendrán en ámbito penal. Estamos teniendo muchos problemas para poder contestar a todos los requerimientos».

Desatascar urbanismo

Desbloquear el departamento de Urbanismo, en el que hay licencias de actividad y de obras pendientes de tramitar de hace más de una década es el objetivo de plan previsto por el gobierno local y respaldado por los presupuestos aprobados ayer en los que se contempla la contratación de un arquitecto técnico y un jurídico «para desatascar la situación con un plan de trabajo a tres años vista». Los presupuestos, que ascienden a 7,6 millones y que han sido respaldados por 5 de los 8 grupos de la corporación municipal, no prevén grandes inversiones «pero sí asegurar todos los servicios».