Los portugueses aceptan como irremediable la nueva medida de ajuste que el Estado luso aplicará a partir del próximo 1 de enero por la que se incrementa el pago por la atención sanitaria en los centros de salud públicos. Los que tienen menos medios económicos no acudirán a los centros de salud gallegos, al no poder asumir el gasto en transporte. La restricción afecta también al servicio de ambulancia medicalizada del país que sólo trasladará a enfermos en casos de urgencia. El Estado ya no costeará el transporte de otro tipo de pacientes.
Representantes de colectivos portugueses coinciden en valorar que esta decisión provocará "un problema de sanidad nacional", pues prevén que enfermos con escasos medios no acudirán al médico al no poder pagar el transporte, aunque la atención médica para determinados casos sea gratuita (enfermos crónicos, embarazadas, y personas que perciban salarios de menos de 628 euros al mes).
Una vez más critican otra decisión gubernamental que "perjudica a los que menos tienen", con un retroceso social que no concuerda con los derechos fundamentales que establece la Constitución portuguesa, donde se garantiza la seguridad, la sanidad y la educación. Los portugueses pagarán a partir del 1 de enero de 2012, por el servicio de urgencia básico 15 euros (ahora cuesta 8); 20 euros por urgencias especializadas (ahora vale 9,6 euros); 5 euros por consulta (ahora cuesta 2,25); 4 euros por la consulta en Enfermería, cuando antes era gratis.
Joaquim Covas, presidente de la Unión de Empresarios do Vale do Minho, con 700 socios cuya situación afecta a más de 800 familias de la zona, opina que "siempre pagamos los que menos tenemos" y "la máquina del Estado cada vez necesita más dinero para funcionar". Considera que "nos están quitando nuestros derechos constitucionales de sanidad pública".
El pago sanitario es un problema serio, con las nuevas tarifas, la eliminación del transporte gratuito y el coste de los medicamentos. El peso de todo ello, más las anteriores medidas aplicadas en los últimos seis meses están acabando con la clase media portuguesa que "está en bancarrota". Explica Covas que "nuestro país es creíble, tiene historia y dignidad. Hay que cumplir con los compromisos con Europa, pero la economía nacional debe ir por delante para poder pagar la sanidad y otros servicios. Hay que retomar la economía interna, cuyo 80% mantienen las micro y medianas empresas".
Carlos Natal, representante del colectivo defensor del servicio sanitario en Valença do Minho califica la situación de "auténtica catástrofe", haciendo hincapié en el perjuicio para personas que residen en parroquias al desplazarse a los centros médicos, si no pueden pagar un transporte. "Hasta ahora, cuando el médico lo solicitaba, el Estado portugués pagaba el traslado de pacientes para transfusiones, diálisis y otros. Esto se acaba en el año 2012 y mucha gente no recibirá asistencia" . Los Bombeiros Voluntarios trasladan a personas mayores a centros, sin cobrar por ello, pero "nadie les paga eso", cuenta Natal.
in Faro de Vigo
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